EL anteproyecto de la Llei d´Educació de Catalunya, que ayer presentó el conseller d´Educació, Ernest Maragall, puede ser un instrumento fundamental para mejorar decisivamente la calidad de la educación, cuyas actuales deficiencias constituyen un freno para el progreso del país. La importancia de la nueva norma viene determinada por el hecho de que fijará, por primera vez, un modelo educativo propio para Catalunya, en virtud de las competencias del Estatut d´Autonomia.
El anteproyecto debe ser revalidado - o en su caso corregido- por el Consell Escolar antes de ser enviado al Parlament para su definitiva aprobación. Todo este proceso debería estar presidido por el único objetivo de perfeccionar el modelo educativo con el máximo consenso político y social. Debe ser una ley bien hecha y pensada para durar.
Entre las novedades, el anteproyecto de la Llei d´Educació de Catalunya dota de una amplia autonomía a los centros educativos, con el objetivo de flexibilizar el sistema para que pueda dar la respuesta adecuada a la mayor complejidad y diversidad de la sociedad actual. La ley, en este sentido, pretende actuar como un marco general que fija las pautas básicas que deberán cumplir todos los agentes del sistema educativo.
Para que este modelo funcione con eficacia, sin embargo, no sólo es necesaria la adecuada corresponsabilización de todos los agentes del sistema educativo, sino que las autoridades, en este caso el Departament d´Educació, disponga de los medios suficientes para garantizar el funcionamiento de los mecanismos de evaluación e inspección previstos en el anteproyecto. Es muy interesante, en este sentido, la propuesta que se hace de crear la agencia de prospectiva y evaluación externa de la globalidad del sistema educativo, ya que ello ayudará a detectar y corregir rápidamente los errores y fallos que se produzcan en su funcionamiento.
El anteproyecto de ley presta una atención especial a la formación y la promoción de los profesores, con un nuevo modelo de oposiciones y de provisión de puestos de trabajo, facilitando el desarrollo de una adecuada carrera profesional, lo que comporta un estímulo reclamado desde hace mucho tiempo por el colectivo de educadores. Ello es clave, ya que difícilmente podrá mejorarse la enseñanza en Catalunya si no mejora la profesionalidad y la motivación del profesorado, así como su respeto por parte de la sociedad.
La mayor corresponsabilización de la familia en la educación de los hijos es otro de los objetivos destacables del citado anteproyecto. En este sentido, aunque pueda parecer simbólico, la exigencia a los padres de suscribir una carta de compromiso que recogerá sus derechos y deberes puede contribuir a una mayor concienciación.
Difícilmente la citada ley tendría el éxito escolar que pretende si no afrontara abiertamente y con pragmatismo el problema de la inmigración. En este sentido, el propio Departament d´Educació se atribuye en la nueva norma el derecho de definir qué porcentaje de alumnos inmigrantes y con necesidades educativas específicas debe tener cada zona escolar, porcentaje que será de obligado cumplimiento para todos los centros que conforman la red pública de educación: públicos y concertados. De esta forma, Educació quiere acabar con el reparto desigual de los inmigrantes, cuya mayoría (el 83%) está matriculado en centros públicos
Tiempo habrá de analizar y debatir con mayor detalle el contenido del anteproyecto de ley que nos ocupa, pero lo importante es que ya hay un camino abierto en el que trabajar para hacer frente al reto educativo. |